13 de julio de 2026
La falta de transferencias estatales a los municipios abrió un nuevo frente entre alcaldes de Nuevo León y el Gobierno del Estado. Este lunes, presidentes municipales de distintas regiones de la entidad se reunieron para exigir que se destraben los recursos que, aseguran, permanecen pendientes y cuya ausencia ha generado presión en las finanzas de los ayuntamientos.
La manifestación conjunta quedó plasmada en un escrito entregado en el Palacio de Gobierno, mediante el cual solicitaron que la Tesorería estatal libere los montos que corresponden a cada municipio. Los ediles sostuvieron que la autoridad conoce el dinero que debe entregar, por lo que pidieron atender el tema sin retrasos adicionales.
En representación del grupo, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, informó que los adeudos identificados hasta el momento ascienden a poco más de mil 200 millones de pesos, aunque señaló que el monto podría incrementarse hasta alcanzar entre mil 600 y mil 700 millones conforme otros municipios concluyan el cálculo de los recursos pendientes.
Los presidentes municipales señalaron que el retraso en la distribución de estos fondos repercute directamente en la capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades de la población, ya que limita la ejecución de obras, la prestación de servicios públicos y las inversiones destinadas al fortalecimiento de la seguridad.
“Esta es una cuestión de derechos y obligaciones; el derecho que tienen los municipios de los recursos que le corresponden y las obligaciones que tiene el Estado, nada más de trasladar los recursos que son de los municipios para poder prestar el servicio a los ciudadanos”, expresó Adrián de la Garza.
Durante el posicionamiento, los alcaldes recordaron que no es la primera ocasión en que enfrentan retrasos en la entrega de recursos durante la actual administración estatal. Además, advirtieron que el documento presentado marca el inicio de un procedimiento formal y que, de no resolverse la situación, analizarán emprender otras acciones por las vías administrativa, financiera y legal para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
