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Busca Miguel Lechuga endurecer castigo contra el “cristalazo” en Nuevo León

📅 Lunes 26 de octubre de 2026

Ante el incremento de robos a vehículos estacionados en la zona metropolitana, el Diputado local de Acción Nacional, Miguel Lechuga, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Nuevo León para tipificar el “cristalazo” como una modalidad agravada del delito de robo y sancionarlo con penas severas de cárcel.

La propuesta, entregada durante la sesión ordinaria del Poder Legislativo, contempla la modificación a la Fracción IV del Artículo 374 de dicho ordenamiento legal.

🔒 Proponen hasta 6 años de prisión y multas de mil cuotas

El proyecto de reforma contempla que, de manera adicional a la pena que corresponda por el delito de robo, se aplique al infractor una sanción de 2 a 6 años de prisión y una multa de 200 a mil cuotas en los siguientes supuestos:

  • Cuando para cometer el robo se destruyan cristales con el propósito de acceder al interior del vehículo.
  • Cuando se empleen horadaciones, túneles, llaves falsas, ganzúas, alambres o cualquier artificio para abrir puertas o ventanas.
  • Cuando el delincuente permanezca dentro de un local u objetivo durante la noche.

💬 “Destruyen parte de tu patrimonio en segundos”: Lechuga

En Tribuna, el legislador panista enfatizó el impacto económico y emocional que esta práctica delictiva genera en las familias regiomontanas.

“El cristalazo es muy sencillo de entender. Una persona que va y observa un carro. Que ve una mochila. Que ve una computadora. Unas herramientas. Y que en segundos destruye el cristal, mete la mano, toma lo que puede y se va. Para el delincuente son unos cuantos segundos, pero para la víctima pueden ser sus ahorros, sus pertenencias, su patrimonio (…) En un cristalazo no nomás te roban lo que llevabas en el carro. También destruyen parte de tu patrimonio, te desbalancean económicamente y te ponen corto frente a otros gastos”, argumentó Miguel Lechuga.

El diputado agregó que se busca catalogar legalmente el “cristalazo” como una conducta grave dentro del marco penal estatal para evitar la impunidad. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para su análisis y dictamen.

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