23 de agosto de 2026
La eficiencia de las instituciones y el acceso a una atención ágil por parte de las autoridades deben estar garantizados para toda la ciudadanía, independientemente de su participación en programas gubernamentales o de sus aportaciones económicas, afirmó el Consejo Cívico de Nuevo León.
El pronunciamiento se da después del anuncio realizado el pasado 21 de agosto por el gobernador de Nuevo León sobre la institucionalización de “Ponte Nuevo”, iniciativa de colaboración entre el sector público y privado que surgió en el marco del Mundial 2026 y que contempló la participación económica de empresas y cámaras empresariales en proyectos de imagen urbana, movilidad y desarrollo social.
Durante la presentación del programa, el gobernador señaló que las empresas participantes contarían con un “trato preferencial” ante distintas dependencias estatales, particularmente para la agilización de trámites y permisos, además de disponer de un canal de atención directa frente a posibles irregularidades cometidas por funcionarios.
“Ante cualquier acto de molestia del Estado, cualquiera, fíjense lo que digo, SAT, Medio Ambiente, Inspección Laboral, el que sea, Fuerza Civil, cualquier competencia de Samuel, del Estado, ustedes tienen un trato preferencial porque ayudaron a Nuevo León a ser su mejor versión”, expresó.
Según lo anunciado, estas condiciones serán formalizadas mediante un decreto del Ejecutivo estatal.
Frente a este planteamiento, el Consejo Cívico reconoció que la coordinación entre gobierno, empresas y sociedad civil puede contribuir a resolver problemáticas y fortalecer el desarrollo de Nuevo León. No obstante, señaló que dicha colaboración no debe convertirse en un mecanismo para establecer diferencias en el acceso a los servicios y obligaciones del Estado.
La organización destacó que la participación de empresas, cámaras, organizaciones y ciudadanos en proyectos de beneficio colectivo forma parte de la historia del estado y responde a una responsabilidad compartida con la comunidad.
Por ello, consideró que aspectos como la rapidez en los trámites, la atención de las autoridades y la protección frente a actos irregulares deben formar parte del funcionamiento cotidiano de las instituciones y no depender de la pertenencia a un programa.
El Consejo Cívico hizo un llamado al Gobierno estatal para revisar las barreras que actualmente enfrentan ciudadanos y empresas al realizar gestiones ante las autoridades, además de fortalecer las medidas de transparencia y combate a la corrupción.
La organización insistió en que la certeza jurídica debe operar bajo un principio de igualdad y que ninguna persona o empresa debería requerir una aportación económica o participación en un programa para recibir una atención eficiente por parte del gobierno.
Finalmente, sostuvo que Nuevo León necesita instituciones capaces de responder con oportunidad y transparencia, bajo las mismas reglas para todas las personas.
