26 de junio de 2026
Después de casi ocho años de los hechos, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León logró una sentencia condenatoria de 125 años de prisión contra Cristal “N”, declarada culpable por los delitos de secuestro agravado y feminicidio de una mujer ocurrido en septiembre de 2018.
La resolución fue emitida durante un juicio oral, en el que la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres acreditó la responsabilidad de la acusada mediante pruebas científicas, documentales, periciales y testimoniales que permitieron reconstruir la mecánica del crimen.
Durante el proceso, el Ministerio Público sostuvo que la mujer participó de manera directa en la privación ilegal de la libertad de la víctima y en los actos que derivaron en su muerte por razones de género. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez determinó que los elementos probatorios presentados por la Fiscalía fueron suficientes para emitir un fallo condenatorio.
Además de la pena de prisión, la sentenciada deberá cubrir una multa equivalente a 8 mil cuotas, así como el pago de la reparación del daño, que contempla la indemnización por la muerte de la víctima y los gastos funerarios establecidos por la ley.
De acuerdo con la investigación, el 15 de septiembre de 2018 la víctima, una mujer de 48 años identificada con las iniciales M. A., acudió al estacionamiento de un centro comercial ubicado en la colonia Encarnación, en el municipio de Apodaca, donde fue contactada por Cristal “N”.
Las indagatorias señalan que la acusada la condujo hasta un vehículo donde ya la esperaba un hombre. Entre ambos la sometieron y la obligaron a subir a la unidad, consumando el secuestro.
Cuatro días después, el 19 de septiembre, el cuerpo de la víctima fue localizado en un terreno baldío de la colonia Anzures, en el municipio de Juárez. La mujer fue encontrada sin vida, desnuda y con lesiones consideradas infamantes.
La Fiscalía informó que las investigaciones fueron realizadas con perspectiva de género y contaron con la participación de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y especialistas del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.
Como parte de la resolución, la autoridad señaló que el caso fue perseguido como feminicidio debido a la existencia de diversas razones de género, entre ellas la relación familiar entre la víctima y los agresores, la incomunicación derivada del secuestro, las lesiones infligidas y la forma en que el cuerpo fue abandonado y expuesto en la vía pública.
