6 de julio de 2026
La construcción del Puente Peatonal La Virgen no podrá continuar hasta que la empresa responsable demuestre que el proyecto no representa un riesgo para la infraestructura pluvial de la ciudad y regularice la documentación requerida por el Municipio de Monterrey.
La suspensión fue determinada este lunes por autoridades municipales, luego de una inspección en el frente de obra ubicado sobre el talud de las avenidas Constitución y Morones Prieto. La revisión estuvo a cargo de personal de Inspección Urbana, Desarrollo Verde y Servicios Públicos, dependencias que evaluaron tanto las condiciones técnicas como el cumplimiento de la normatividad.
De acuerdo con el Ayuntamiento, uno de los hallazgos más relevantes fue que durante la cimentación del puente se bloqueó parte del drenaje pluvial que recibe el agua de lluvia de la zona sur-centro de Monterrey y la conduce hacia el Río Santa Catarina. Esta condición, señalaron las autoridades, reduce la capacidad del sistema para desalojar escurrimientos y podría provocar problemas de inundación en uno de los corredores viales más transitados de la ciudad.
La inspección también evidenció que el proyecto carece de autorizaciones municipales y que no existe un proyecto ejecutivo que establezca las soluciones técnicas para evitar afectaciones a la infraestructura urbana ya instalada en el sitio, como redes pluviales y otros servicios.
Con base en estas observaciones, el Municipio colocó la suspensión temporal de la obra y notificó a la empresa constructora que deberá presentar un plan de remediación en el que detalle las acciones para restituir el funcionamiento del drenaje y atender las irregularidades detectadas. Dicho documento será revisado por las áreas técnicas antes de determinar si es posible levantar la suspensión.
La decisión municipal no implica la cancelación definitiva del proyecto, sino una medida preventiva mientras se corrigen las condiciones señaladas por la autoridad. Hasta entonces, los trabajos permanecerán detenidos.
El municipio informó que este tipo de acciones forman parte de las facultades que otorga a los municipios el artículo 392 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Nuevo León, el cual permite supervisar obras en proceso y aplicar medidas de seguridad cuando se detectan incumplimientos o situaciones que puedan afectar el interés público.
